Parte 2: ¿Por qué debe la sociedad civil participar en la CUS?

Cada país debe establecer un plan nacional de salud basado en sus prioridades nacionales de salud. Para alimentar la base de evidencia, la sociedad civil puede proporcionar información actualizada a nivel de la comunidad y conocimientos desde la “primera línea”, cuestiones que a menudo se pasan por alto. Un ejemplo importante de investigación participativa es el Índice de estigma de las personas que viven con el VIH, una iniciativa de la Red mundial de personas que viven con el VIH (GNP+). Esta herramienta de investigación desarrollada por la comunidad y estandarizada, recopila evidencia sobre cómo el estigma y la discriminación impactan en las vidas de las personas que viven con el VIH. Otro ejemplo es el Consorcio de Población Clave en Kenia, que reúne las voces de algunas de las personas más marginadas de la sociedad para el establecimiento de prioridades en las políticas de salud (leer más).

La participación plena de la sociedad civil en la planificación operativa de la cobertura universal de salud garantiza que los planes sean relevantes, factibles y legítimos. Esto significa que es más probable que la sociedad en su conjunto confíe en ellos. Varios países, como Botswana, están trabajando para lograrlo mediante la creación de grupos de trabajo técnicos de múltiples partes interesadas sobre temas cruciales de la cobertura universal de salud.

Las redes nacionales de salud de las OSC pueden ser excelentes plataformas de influencia política, ya que reúnen una amplia gama de conocimientos y experiencia. La red nacional de salud de las OSC en Myanmar está incluida en el marco de rendición de cuentas social que monitorea la implementación de la Estrategia Nacional de Salud y proporciona experiencia específica sobre la integración de los servicios de salud (leer más). En Kenia, la red de ONG de salud HENNET ha sido miembro del Panel Asesor de Beneficios Nacionales de Salud desde 2018.

En África Occidental, se han dado pasos positivos hacia la apropiación de parte de los ciudadanos de las reformas de salud a nivel nacional y regional y, por ende, la confianza en estas. Por ejemplo, en Senegal, la sociedad civil realiza aportes directos a las revisiones regionales del sector de la salud, mientras que, en Burkina Faso, las ONG han influido directamente en la Estrategia Nacional de Financiamiento de la Salud.

Por último, una vez que las OSC principales se han asegurado un lugar en la mesa de planificación, son responsables de impulsar procesos de políticas totalmente inclusivos, asegurando que las voces y perspectivas de los grupos poco representados, tales como adolescentes y jóvenes, se incluyan en la planificación de políticas. La campaña Listos para la CUS de la Red Mundial de Jóvenes que Viven con el VIH es un excelente ejemplo de un movimiento juvenil que impulsa su inclusión a nivel nacional.

La sociedad civil es una parte interesada importante y su involucramiento en la buena gobernanza es primordial cuando se trata del financiamiento de la salud. Esto es necesario para garantizar la transparencia, la rentabilidad y la rendición de cuentas, aunque esta es un área en la que muy pocas OSC se sienten cómodas.

Los presupuestos son herramientas políticas esenciales que representan las prioridades y estrategias del gobierno, y son la forma en que los gobiernos cumplen con sus promesas. Las buenas políticas y los buenos planes no son suficientes, necesitan el apoyo de presupuestos adecuados y eficientes.

La sociedad civil puede -y debe- participar como activista en todas las etapas del ciclo presupuestario, desde la participación en los procesos de establecimiento de presupuestos nacionales y locales, el análisis de la justificación del gasto en salud (ver el ejemplo de Burkina Faso) y la verificación de forma independiente de los precios de los medicamentos, hasta el análisis de presupuestos y los gastos desde la perspectiva de los grupos desatendidos.

En Indonesia, por ejemplo, el Foro para la Transparencia Presupuestaria (Seknas FITRA) aboga por un presupuesto transparente, que favorezca a los pobres y con perspectiva de género, elaborado en cooperación tanto con la sociedad civil local, como con el Ministerio de Economia. En 2014, su análisis de la implementación regional del Sistema Nacional de Seguridad Social de 2004 de Indonesia fue la base del esquema nacional de seguro de salud creado.

Las redes comunitarias pueden desempeñar un papel fundamental en el seguimiento del gasto real al nivel de los establecimientos de salud locales, y los equipos de salud distritales o municipales. En la República Democrática del Congo, el Proyecto de Presupuesto Participativo ha permitido que los ciudadanos rurales y urbanos participen en la formulación y gestión de los presupuestos locales, fortaleciendo la gobernanza de la salud en este proceso.

 

 

Junto con el monitoreo del presupuesto, la comunidad tiene un papel vital en el monitoreo del desempeño de las políticas y los programas de la CUS, incluidas las iniciativas piloto. Se sabe que los mecanismos de rendición de cuentas en todos los niveles de implementación dirigidos por la comunidad mejoran la accesibilidad, la capacidad de respuesta y la calidad de los servicios (ver por ejemplo, PEPFAR). El Observatorio Regional de Tratamiento Comunitario en África Occidental (RCTO-WA), dirigido por ITPC, empodera a las redes de personas que viven con el VIH en 11 países para que recopilen y analicen datos cualitativos y cuantitativos sobre las barreras a los servicios relacionados con el VIH, con el fin de aumentar el acceso al tratamiento. En Uganda, el Grupo de acción para la salud, los derechos humanos y el VIH / SIDA (AGHA) se centra en mejorar la calidad de los sistemas de salud con una perspectiva de derechos humanos. A nivel global, los grupos comunitarios le presentan informes sombra (alternativos) al Comité de los Derechos de las Personas que Viven con Discapacidad (CRPD) para garantizar que las personas que viven con discapacidad y sus representantes monitoreen la implementación de los derechos de estas personas en sus países.

La próxima Reunión de Alto Nivel de la ONU sobre la CUS en 2023 será un momento crítico para que la sociedad civil presente datos y evidencia sobre el progreso hacia la implementación de la CUS, asegurando que los datos estén completamente desagregados para poder identificar a los que quedan fuera. Mientras tanto, las Revisiones nacionales voluntarias y los informes alternativos son una forma crucial de participar a nivel de la ONU, mientras que a nivel nacional, las comunidades pueden participar en los procesos de la Evaluación Conjunta de la Estrategia Nacional de Salud.

La abogacía para la CUS tiene diversos niveles, desde respaldar el concepto de CUS y presionar por un verdadero acceso universal a la salud para todas las personas, hasta exigir un aumento de los presupuestos de salud y hacer que los gobiernos rindan cuentas de sus promesas. Con demasiada frecuencia, la CUS se considera un concepto técnico y abstracto y no un movimiento de base.

Pero, sobre todo, la CUS es una causa política. Por esa razón, no debe subestimarse la movilización de los ciudadanos para que utilicen el poder de su voto en las urnas. El aumento de la conciencia pública sobre la responsabilidad del gobierno en esta área, después de décadas de negligencia en el gasto en salud, debe ser un componente vital en la acción de la sociedad civil en esta área. Esto se puede lograr a través de amplias coaliciones de diversos movimientos en muchos sectores sociales.