Parte 2: ¿Por qué debe la sociedad civil participar en la CUS?

RESUMEN: : La sociedad civil puede generar un movimiento de abogacía de base amplia para exigir una mayor inversión gubernamental en salud, de forma de reducir la dependencia de la ayuda exterior. La mayoría de los países, incluso aquellos con menos recursos, pueden identificar los fondos necesarios para avanzar hacia la CUS.

A pesar del crecimiento económico, en muchos países, el financiamiento nacional para la salud no ha ido a la par de su crecimiento, y muchos gobiernos siguen dependiendo de la ayuda sanitaria externa. Sin embargo, la falta de inversión en la CUS a nivel nacional, amenaza la seguridad sanitaria mundial, tal como hemos visto con la COVID-19.

Todos los planes para la CUS deben incluir elementos de acción específicos para abolir las tarifas a usuarios y los pagos directos por parte de los pacientes de manera de reducir y, eventualmente eliminar los gastos de bolsillo en salud (GBS). Debe darse prioridad a atención primaria en salud vinculada a paquetes de servicios esenciales de saludy, donde existan, las políticas de atención en salud gratuita deben implementarse de manera efectiva.

Las políticas de atención en salud gratuita requieren que todos los países aumenten progresivamente su inversión en salud, hasta la asignación de al menos el 15% de su presupuesto anual a la salud, o alternativamente, al menos el 5% de su producto bruto interno (PBI) anual al gasto público en salud, según convenga. Las maneras de aumentar el presupuesto de salud pueden incluir el mejorar la recaudación de impuestos o iniciar esquemas sociales de seguro de salud en los que las personas reciban servicios de acuerdo con sus necesidades (ver Parte 1).

Es fundamental que la sociedad civil y la comunidad se involucren en acciones de abogacía para apoyar políticas de financiación inclusivas, eficaces y transparentes. El activismo puede ayudar a impulsar las decisiones y la implementación través de actividades de rendición de cuentas, y también puede ayudar a reducir el riesgo de corrupción.

RESUMEN: La sociedad civil es uno de los tres socios clave, junto con el estado y los proveedores de servicios de salud, fundamentales para una gobernanza sanitaria eficaz. La participación de la población, las comunidades y la sociedad civil en la gobernanza del sistema nacional de salud es esencial para que el sistema responda eficientemente, sea confiable, las personas se apropien de él y se logre un progreso equitativo hacia la CUS.

Según la OMS, la gobernanza sanitaria eficaz requiere la participación plena de tres partes interesadas clave:

• El estado (dependencias y agencias gubernamentales a nivel central y de distrito)
• Proveedores de servicios de salud (proveedores de servicios de salud públicos y privados, con y sin fines de lucro, clínicos, paramédicos y no clínicos; sindicatos y otras asociaciones profesionales; redes de atención)
• La ciudadanía (representantes de la población, asociaciones de pacientes, OSC, ONG, asociaciones ciudadanas que protegen a los pobres, activistas de base, etc.)

La sociedad civil debe participar activamente en todas las etapas de la formulación de políticas nacionales y así facilitar la participación de la comunidad en la planificación, la elaboración de presupuestos, el monitoreo del progreso por parte de la ciudadanía y los compromisos relativos a los resultados previstos de la CUS. Es necesario fortalecer la rendición de cuentas social para mantener la integridad de los sistemas de salud, prevenir la fuga de recursos relacionada con la corrupción y garantizar programas de salud más accesibles, apropiados y sostenibles.

La sociedad civil y las comunidades pueden ayudar a los gobiernos a realizar un “análisis de barreras” para identificar los tipos específicos de brechas sociales, ambientales e institucionales que deben abordarse para mejorar el acceso a la salud en medio de la pandemia de la COVID-19 y más allá de ella. La sociedad civil debe colaborar con los gobiernos para diseñar e implementar mecanismos de rendición de cuentas que permitan una comunicación transparente y abierta y que respeten el principio del “derecho a la información”. Estos mecanismos de rendición de cuentas deben monitorear el progreso de las estrategias para la COVID-19, utilizando datos desglosados por género, edad, ingresos, raza, etnia, estado migratorio, discapacidad, orientación sexual, identidad de género y ubicación geográfica.

En el escenario global, la Plataforma de representantes de la comunidad y la sociedad civil para el ACT-A está trabajando para garantizar que las comunidades sean escuchadas a lo largo de toda la respuesta a la COVID-19, en función de los cuatro pilares del ACT-A: diagnóstico, tratamientos, vacunas y sistemas de salud. Si bien las oportunidades formales de participación con los planes nacionales de respuesta a la COVID-19 han sido limitadas en la mayoría de los países, las OSC han estado activas para exigir y garantizar la rendición de cuentas de los gobiernos, crear demanda de vacunas, y apoyar políticas equitativas.

Los países deberían garantizar que la sociedad civil tenga libertad de asociación, de reunión pacífica y de expresión para apoyar la participación social y fortalecer los sistemas de salud. Para garantizar que las restricciones son necesarias, proporcionales a los riesgos y que se implementan de manera no discriminatoria, las comunidades deben tener un papel en el diseño y la evaluación de las políticas. Finalmente, dado el impacto desproporcionado que se ha observado hasta ahora entre las mujeres, los países deberían involucrar a las mujeres en la toma de decisiones e incorporar una perspectiva de género en todas las actividades de respuesta y recuperación de la COVID-19.

RESUMEN: Un equipo multidisciplinario de atención primaria en salud bien capacitado y con recursos es un componente fundamental de la CUS, especialmente para ampliar la cobertura de la población a nivel comunitario y llegar hasta el último rincón.

Como ha demostrado la pandemia de la COVID-19, sin trabajadores de la salud, el sistema nacional de salud no tiene sentido. Tener un número adecuado de trabajadores de la salud (que estén bien capacitados y remunerados) es esencial para ofrecer servicios adecuados a las necesidades particulares de las comunidades, especialmente de aquellas que actualmente están desatendidas y son vulnerables.

La emergencia sanitaria mundial causada por la COVID-19 demuestra la importancia de que los países inviertan urgentemente en su fuerza laboral de salud en todos los niveles. Este aumento de la inversión en el personal sanitario debe incluir:

• Capacitar sobre el control de infecciones, los protocolos de prevención y control de infecciones, incluida una higiene de manos adecuada, los procesos seguros de manejo del paciente en los entornos de atención en salud y la garantía de que se monitorea su cumplimiento.
• Informar a los trabajadores de la salud sobre sus derechos, funciones, responsabilidades y riesgos.
• Garantizar condiciones de trabajo decentes, salarios dignos y cargas de trabajo manejables.
• Proporcionar seguridad ocupacional para proteger a los trabajadores de infecciones. Por ejemplo, brindar equipos de protección personal (EPP); acceso a diagnósticos, terapias, vacunas, pago continuo de salario durante la enfermedad; y formación sobre el uso adecuado del EPP.
• Apoyar y brindar asesoramiento psicosocial, así como implementar medidas de reducción del estrés que sean apropiadas para el contexto.
• Condenar la violencia y la discriminación contra los trabajadores de la salud, incluso frente al miedo y el estigma de que puedan propagar el virus.
• Capacitar y asignar recursos para eliminar el sesgo o estigma que puedan tener los trabajadores de la salud y que podría actuar como barreras para el acceso a los servicios.
• Apoyar los programas de salud para que retengan a su personal capacitado de primera línea y continuar con el pago de sus salarios.
• Enfoques sensibles al género , dado que las mujeres constituyen el 70% de la fuerza laboral de salud mundial.

En general, y siempre que sea posible, las políticas, los planes e informes de la CUS deben incluir información sobre cómo enfocar la inversión en la fuerza laboral de salud. Los trabajadores de la salud de primera línea a menudo carecen de recursos suficientes, o están poco capacitados en algunas de las enfermedades y problemas de salud que enfrentan con mayor frecuencia los grupos más pobres y marginados, como los que viven con discapacidad o con el VIH. A pesar de esto, juegan un papel crucial en la vinculación de estas comunidades con el sistema de salud.

También es fundamental garantizar que se asignen fondos suficientes para la capacitación y el desarrollo de capacidades de los trabajadores de la salud, tanto comunitarios como los de primera línea. Esto es necesario para que puedan brindar servicios de salud inclusivos, holísticos y equitativos, especialmente a los más marginados.