Las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades desempeñan un papel fundamental a la hora de pedir a los gobiernos que rindan cuentas de sus compromisos en materia de CUS y garantizar que las políticas y programas de salud sean inclusivos, equitativos y que respondan a todos. Con ese fin, los actores de la sociedad civil convocados por el Mecanismo CSEM y los socios desarrollaron los cuatro mensajes de abogacía que se presentan a continuación previo a la Reunión de alto nivel de la ONU sobre CUS en 2019, complementando con ellos las áreas de compromiso específicas de las Peticiones clave del movimiento UHC2030.

Estos cuatro mensajes de abogacía fueron luego ajustados aún más a las necesidades de la sociedad civil y de la comunidad en 2020, a través de un proceso consultivo para elaborar El Llamado a la Acción para COVID-19 del CSEM.

A continuación, se presenta información adicional sobre cada mensaje de incidencia de la sociedad civil y se explica por qué es importante lograrlos para mejorar la respuesta al COVID-19 y más allá. También se incluyen a continuación las Peticiones clave del movimiento UHC2030, y recomendamos que sean incorporadas en sus esfuerzos de abogacía.

1: No dejar a nadie fuera
RESUMEN: La sociedad civil suele estar en inmejorable posición para acceder, representar y dar prioridad a las poblaciones clave más marginadas. Para no dejar a nadie fuera, la sociedad civil es una voz fundamental que puede garantizar que esas personas y comunidades:
  • Sean foco de las reformas sanitarias.
  • Tengan el acceso necesario a servicios de salud equitativos y de buena calidad.
  • Estén informados de las políticas y reformas de salud.
  • Contribuyan a los esfuerzos de fortalecimiento de los sistemas de salud de su país.

La salud es un derecho humano y todos los países tienen el deber de cumplir este derecho a la salud para todas las personas. Sin embargo, la realidad mundial actual es que cada vez es más difícil el acceso a la salud para los más vulnerables. A nivel mundial, las personas más pobres y marginadas son las más afectadas por las muertes maternas e infantiles prevenibles, enfermedades cardíacas, cáncer y enfermedades infecciosas, tales como COVID-19.

Los planes y políticas nacionales de salud, incluyendo aquellos en respuesta al COVID-19, deben evaluar qué poblaciones se encuentran actualmente rezagadas y tienen acceso insuficiente a los servicios de salud. Deben diseñar planes para aumentar el acceso, explícitamente dirigidos a las poblaciones más necesitadas.

Los sistemas de recolección de datos de salud deben desagregar aún más los datos (por ejemplo, por sexo, edad, identidad de género, etnia, discapacidad y situación económica), y deben estar acompañados de mecanismos sólidos de monitoreo y evaluación, que sirvan para informar y definir mejor las políticas. Las organizaciones de la sociedad civil, especialmente aquellas que prestan servicios en las comunidades afectadas, son fundamentales para recopilar esta información, utilizando enfoques participativos de recolección de datos.

Se necesitan enfoques multidisciplinarios que incluyan sectores adicionales a la salud (por ejemplo, educación, agricultura, medio ambiente y desarrollo económico) para abordar los efectos más amplios de la pandemia de COVID-19, tales como la escasez de alimentos y agua, el riesgo aumentado de violencia doméstica contra las mujeres y los niños, y también para aumentar el apoyo básico a las personas viviendo con discapacidad.

Los servicios de salud apropiados por la comunidad y dirigidos por ella misma, también pueden desempeñar un papel fundamental en la prestación de una cobertura sanitaria ampliada a los grupos más pobres y marginados.

¿Cómo han respondido las OSC al COVID-19 de forma que nadie se quede fuera?

Las OSC están trabajando para garantizar que la respuesta a la COVID-19 proteja a todas las personas y que se mantenga el impulso hacia la cobertura universal de salud en medio de la crisis. Las organizaciones de la sociedad civil se han involucrado activamente en sus comunidades, brindando servicios críticos en la primera línea, y protegiendo a los más afectados por la pandemia. Las organizaciones de la sociedad civil han sido resilientes y creativas en su respuesta a los desafíos de la COVID-19 y a las cuarentenas e interrupciones asociadas, a menudo sin ningún apoyo institucional, y al mismo tiempo continuaron la lucha por la cobertura universal de salud. También han abogado para que los gobiernos den prioridad a los grupos marginados, incluidas las personas viviendo con discapacidad, para que tengan prioridad en la vacunación y en otros sistemas de apoyo esenciales durante la pandemia.

La mejor manera de garantizar que las voces de los grupos vulnerables con necesidades específicas o riesgos adicionales estén representadas, es involucrar a la sociedad civil en los procesos de toma de decisión y en los grupos de trabajo para la COVID-19, tanto a corto como a largo plazo. La sociedad civil comprende y puede defender la noción de que los diferentes grupos tienen diferentes necesidades y limitaciones que requieren soluciones adaptadas.

2: Aumentar el financiamiento público para la salud
RESUMEN: : La sociedad civil puede generar un movimiento de abogacía de base amplia para exigir una mayor inversión gubernamental en salud, de forma de reducir la dependencia de la ayuda exterior. La mayoría de los países, incluso aquellos con menos recursos, pueden identificar los fondos necesarios para avanzar hacia la cobertura universal de salud.

A pesar del crecimiento económico, en muchos países el financiamiento nacional para la salud no ha ido a la par de su crecimiento, y muchos gobiernos siguen dependiendo de la ayuda sanitaria externa. Sin embargo, la falta de inversión en CUS a nivel nacional, amenaza la seguridad sanitaria mundial, tal como hemos visto con la COVID-19.

Todos los planes para la CUS deben incluir elementos de acción específicos para abolir las tarifas de usuario y los pagos directos por parte de los pacientes de manera de reducir y eventualmente eliminar los gastos de bolsillo en salud (GBS). Debe darse prioridad a la atención primaria vinculada a paquetes de servicios esencialesy, donde existan, las políticas de atención médica gratuita deben implementarse de manera efectiva.

Las políticas de atención gratuita de la salud requieren que todos los países aumenten progresivamente su inversión en salud, hasta la asignación de al menos 15% de su presupuesto anual a la salud, o alternativamente, al menos 5% de su producto interno bruto (PIB) anual al gasto público en salud, según convenga. Las maneras de aumentar el presupuesto de salud pueden incluir el mejorar la recaudación de impuestos o iniciar esquemas sociales de seguro de salud en los que las personas reciban servicios de acuerdo con sus necesidades (ver Parte 1).

Es fundamental que la sociedad civil y la comunidad se involucren en acciones de abogacía para apoyar políticas de financiación inclusivas, eficaces y transparentes. El activismo puede ayudar a impulsar las decisiones y la implementación través de actividades de rendición de cuentas, y también puede ayudar a reducir el riesgo de corrupción.

3: Mejorar la participación de las OSC y la ciudadanía; transparencia y rendición de cuentas en todos los niveles
RESUMEN: La sociedad civil es uno de los tres socios clave, junto con el estado y los proveedores de servicios de salud, fundamentales para una gobernanza sanitaria eficaz. La participación de la población, las comunidades y la sociedad civil en la gobernanza del sistema nacional de salud es esencial para que el sistema responda eficientemente, sea confiable, las personas se apropien de él y se logre un progreso equitativo hacia la cobertura universal de salud.

Según la OMS, la gobernanza sanitaria eficaz requiere la participación plena de tres partes interesadas clave:

  • El estado (dependencias y agencias gubernamentales a nivel central y de distrito)
  • Proveedores de servicios de salud (proveedores de servicios de salud públicos y privados, con y sin fines de lucro, clínicos, paramédicos y no clínicos; sindicatos y otras asociaciones profesionales; redes de atención)
  • La ciudadanía (representantes de la población, asociaciones de pacientes, OSC, ONG, asociaciones ciudadanas que protegen a los pobres, activistas de base, etc.)

La sociedad civil debe participar activamente en todas las etapas de la formulación de políticas nacionales y así facilitar la participación de la comunidad en la planificación, la elaboración de presupuestos, el monitoreo del progreso por parte de la ciudadanía y los compromisos relativos a los resultados previstos de la cobertura universal de salud. Es necesario fortalecer la rendición de cuentas social para mantener la integridad de los sistemas de salud, prevenir la fuga de recursos relacionada con la corrupción, y garantizar programas de salud más accesibles, apropiados y sostenibles.

Respuestas a la COVID-19

A medida que la pandemia de COVID-19 ha puesto al descubierto el estado actual de las inequidades y la inutilidad de un enfoque único para todos, los líderes mundiales y nacionales reconocen cada vez más la necesidad de la participación social, especialmente de la sociedad civil en la toma de decisiones en salud. La gobernanza participativa es esencial para garantizar que los derechos de las poblaciones vulnerables estén protegidos, y que éstas no carguen injustamente con los efectos del aumento de los riesgos de COVID-19 y los impactos negativos de las restricciones.

La sociedad civil y las comunidades pueden ayudar a los gobiernos a realizar un análisis de barreras para identificar los tipos específicos de brechas sociales, ambientales e institucionales que deben abordarse para mejorar el acceso a la salud en medio de la pandemia de COVID-19 y más allá de ella. La sociedad civil debe colaborar con los gobiernos para diseñar e implementar mecanismos de rendición de cuentas que permitan una comunicación transparente y abierta, y respeten el principio del “derecho a la información”. Estos mecanismos de rendición de cuentas deben monitorear el progreso de las estrategias para la COVID-19, utilizando datos desglosados por género, edad, ingresos, raza, etnia, estado migratorio, discapacidad, orientación sexual, identidad de género y ubicación geográfica.

En el escenario global, la Plataforma de representantes de la comunidad y la sociedad civil ante el ACT-A está trabajando para garantizar que las comunidades sean escuchadas a lo largo de toda la respuesta al COVID-19, en función de los cuatro pilares del ACT-A: diagnóstico, tratamientos, vacunas y sistemas de salud. Si bien las oportunidades formales de participación con los planes nacionales de respuesta a la COVID-19 han sido limitadas en la mayoría de los países, las OSC han estado activas para exigir y garantizar la rendición de cuentas de los gobiernos, crear demanda de vacunas, y apoyar políticas equitativas.

Los países deberían garantizar que la sociedad civil tiene libertad de asociación, reunión pacífica y expresión para apoyar participación social y fortalecer los sistemas de salud. Los gobiernos solo deberían imponer restricciones a estas libertades en una mínima medida si fuera necesario para prevenir la propagación de la COVID-19. No deben continuar usando estas restricciones más allá de lo estrictamente necesario basado en evidencia científica. Para garantizar que las restricciones son necesarias, proporcionales a los riesgos y que se implementan de manera no discriminatoria, las comunidades deben tener un papel en el diseño y la evaluación de las políticas. Finalmente, dado el impacto desproporcionado que se ha observado hasta ahora de la COVID-19 entre las mujeres, los países deberían involucrar a las mujeres en la toma de decisiones e incorporar una perspectiva de género en todas las actividades de respuesta y recuperación de la COVID-19.

4: Apoyar a los trabajadores de la salud
RESUMEN: Un equipo multidisciplinario de atención primaria bien capacitado y con recursos, es un componente fundamental de la cobertura universal de salud, especialmente para ampliar la cobertura de la población a nivel comunitario y llegar hasta el último rincón.

Como ha demostrado la pandemia de COVID-19, sin trabajadores de la salud, el sistema nacional de salud no tiene sentido. Tener un número adecuado de trabajadores de la salud -que estén bien capacitados y remunerados, es esencial para ofrecer servicios adecuados a las necesidades particulares de las comunidades, especialmente de aquellas que actualmente están desatendidas y son vulnerables.

La emergencia sanitaria mundial causada por la COVID-19 demuestra la importancia de que los países inviertan urgentemente en su fuerza laboral de salud en todos los niveles. Este aumento de la inversión en el personal sanitario debe incluir:

  • Capacitar sobre el control de infecciones, los protocolos de prevención y control de infecciones, incluida una higiene de manos adecuada, los procesos seguros de manejo del paciente en los entornos de atención médica, y garantía de que se monitorea su cumplimiento
  • Informar a los trabajadores de la salud sobre sus derechos, funciones, responsabilidades y riesgos
  • Garantizar condiciones de trabajo decentes, salarios dignos y cargas de trabajo manejables
  • Proporcionar seguridad ocupacional para proteger a los trabajadores de infecciones. Por ejemplo, brindar equipos de protección personal (EPP); acceso a diagnósticos, terapias, vacunas, pago continuo de salario durante la enfermedad; y formación sobre el uso adecuado del EPP
  • Apoyar y brindar asesoramiento psicosocial, así como implementar medidas de reducción del estrés que sean apropiadas para el contexto
  • Condenar la violencia y la discriminación contra los trabajadores de la salud, incluso frente al miedo y el estigma de que puedan propagar el virus
  • Capacitar y asignar recursos para eliminar el sesgo o estigma que puedan tener los trabajadores de la salud y que podría actuar como barreras para el acceso a los servicios
  • Apoyar los programas de salud para que retengan a su personal capacitado de primera línea y continuar con el pago de sus salarios
  • Enfoques sensibles al género , dado que las mujeres constituyen el 70% de la fuerza laboral de salud mundial.

En general, y siempre que sea posible, las políticas, planes e informes de CUS deben incluir información sobre cómo enfocar la inversión en la fuerza laboral de salud. Los trabajadores de la salud de primera línea a menudo carecen de recursos suficientes, o están poco capacitados en algunas de las enfermedades y problemas de salud que enfrentan con mayor frecuencia los grupos más pobres y marginados, como los que viven con discapacidad o con el VIH. A pesar de esto, juegan un papel crucial en la vinculación de estas comunidades con el sistema de salud.

Por todo lo anterior, es fundamental garantizar que se asignen fondos suficientes para la capacitación y el desarrollo de capacidades de los trabajadores de salud tanto comunitarios como los de primera línea. Esto es necesario para que puedan brindar servicios de salud inclusivos, holísticos y equitativos, especialmente a los más marginados.

 

Peticiones clave del movimiento UHC2030

Las Peticiones clave del movimiento UHC2030 son demandas básicas a los gobiernos y los líderes políticos para que tomen medidas hacia la cobertura universal de salud. Fueron creadas colectivamente por una variedad de partes interesadas de salud y otras áreas a nivel global, por ejemplo, parlamentarios, miembros de la sociedad civil, el sector privado, agencias, redes y el mundo académico. Desarrolladas antes y durante la Reunión de alto nivel sobre CUS en 2019, las peticiones clave continúan proporcionando un marco importante para la abogacía en CUS. Además de las seis peticiones clave iniciales, se agregaron luego la "igualdad de género" y "capacidad de respuesta frente a emergencias” como demandas transversales.

  1. Garantizar el liderazgo político más allá de la salud
  2. No dejes a nadie fuera
  3. Regular y Legislar
  4. Mantener la calidad de la atención
  5. Invierta más, e invierta mejor
  6. Avanzar juntos
  7. Igualdad de género
  8. Capacidad de respuesta frente a emergencias

Los mensajes clave de la sociedad civil descritos anteriormente complementan estas peticiones clave del movimiento UHC2030 en general, y ponen de relieve las perspectivas de la sociedad civil. Más información sobre las Peticiones clave en las ocho áreas de compromiso: